12 de julio de 2015

Votar es una obligación, no una imposición.


Votar es uno de los principales derechos de los ciudadanos en una democracia, pero también es una obligación pues el régimen democrático tiene como uno de sus pilares fundamentales el ejercicio del sufragio por parte de los ciudadanos para darse el gobierno que ellos quieren. De acuerdo a ello, el voto si bien es un derecho es un acto éticamente obligatorio para quienes creemos en este sistema. La conciencia cívica de un pueblo fortalece,regenera y regula el ejercicio del poder político,y no existe forma alguna de que una democracia crezca y se legitime si no es a través de la activa participación del pueblo. Sin embargo, esa obligatoriedad no puede ser impuesta mediante amenazas o beneficios.
Los chilenos hemos dado muestras que cuando un proceso electoral es de trascendencia concurrimos a las urnas masivamente, lo fue en 1920, en 1938, en 1964,en 1970 y 1973 y a pesar de que no era una elección la concurrencia fue masiva en el decisivo escenario del Plebiscito de 1988.
Si quieren que realmente las personas vayan a votar deben crearse mecanismos mediante los cuales los grupos ciudadanos puedan impulsar con mayor facilidad candidaturas sin que ello sea decidido por las cúpulas partidistas.
Las primarias son una ocasión para ello, pero no estas que tenemos ahora, sino unas abiertas y obligatorias para todo cargo de elección popular donde cualquier ciudadano pueda presentarse sin necesidad de contar con "padrinos" políticos.
También debe eliminarse esa norma absurda que impide que dirigentes gremiales o vecinales puedan postularse al Congreso, pues justamente ellos han demostrado liderazgos que muchos de los candidatos salidos de las filas de los partidos no ostentan.
Y finalmente, debe crearse un sistema de financiamiento de las campañas electorales que permita que ciudadanos sin fortuna ni ocultos financistas puedan optar a un cargo de elección popular.
Pero tratar de obligar con multas u otros castigos no tendrá ningún efecto y alejará aún más a la población de la actividad política.

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